Desde el 28 de junio de 2025 ha entrado plenamente en vigor en la Unión Europea el European Accessibility Act (EAA) o Ley Europea de Accesibilidad, que establece requisitos obligatorios para que productos y servicios digitales sean accesibles para todas las personas.
Y entre los servicios expresamente afectados se encuentran los documentos PDF y la información digital que se pone a disposición del público.

Esto implica que cualquier organización —empresa, administración o entidad del tercer sector— debe garantizar que sus documentos cumplen criterios de accesibilidad, especialmente cuando forman parte de procesos de atención, contratación o comunicación con clientes y ciudadanos.

Hoy en día, la accesibilidad ya no es opcional: es parte fundamental de cómo compartimos información. Los PDF se han convertido en un formato habitual para difundir contenidos, pero no siempre resultan fáciles de usar para personas ciegas o con baja visión. Garantizar que estos documentos cumplan la normativa no es solo una cuestión legal; también es apostar por la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La accesibilidad documental es un requisito legal y ético que garantiza que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pueda acceder, comprender y utilizar la información en formato digital o impreso.

En España, este marco normativo se apoya principalmente en:

• Real Decreto Legislativo 1/2013, que aprueba la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público (transposición de la Directiva (UE) 2016/2102).
• Normas técnicas UNE-EN 301 549 y pautas internacionales WCAG 2.1.

Pero… ¿qué empresas y organizaciones están obligadas a cumplirlo?