Una vez entendemos que la accesibilidad abarca mucho más de lo que habitualmente imaginamos, podemos definir la accesibilidad digital como la garantía de que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, pueda percibir, comprender, navegar e interactuar con los contenidos digitales de manera autónoma, segura y en igualdad de condiciones.

Y aquí está el matiz clave para directivos y CEOs: la accesibilidad digital no se limita a la web corporativa ni a la experiencia visual. Su verdadero impacto —y su mayor riesgo— se concentra en los contenidos que sostienen la relación legal y operativa con clientes y ciudadanos, como:

• Contratos y acuerdos
• Extractos bancarios y estados financieros
• Pólizas y documentación aseguradora
• Facturas y comunicaciones de pago
• Notificaciones y comunicaciones legales
• Formularios digitales
• PDFs descargables
• Documentos “invisibles” generados automáticamente por sistemas internos

Estos documentos transaccionales constituyen el corazón operativo y legal de la organización. Son los que formalizan derechos, obligaciones, pagos y decisiones. A diferencia de la web, no suelen revisarse con criterios de accesibilidad, pero son precisamente los más críticos desde el punto de vista normativo y reputacional.

Por eso, abordar la accesibilidad documental no es una cuestión estética ni opcional, sino una decisión estratégica que afecta al cumplimiento, a la eficiencia y a la confianza en la organización.